La implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Getafe ha generado controversia y preocupación entre algunos ciudadanos, tal como se refleja en los carteles de queja y las reacciones en redes sociales. Esta medida, que busca cumplir con las normativas de la Unión Europea para mejorar la calidad del aire y la salud pública, afecta a ciudades con más de 50.000 habitantes, entre las que se incluye Getafe. La iniciativa propone restricciones de acceso vehicular en áreas específicas para reducir la emisión de partículas contaminantes.
La ZBE de Getafe se delimitará en un perímetro en el centro de la ciudad, abarcando 1,2 kilómetros cuadrados, y está prevista para empezar a funcionar en pruebas a mediados de 2024. Aunque las sanciones por accesos no permitidos no se aplicarán hasta enero de 2025, se están planteando reuniones con asociaciones de comerciantes y vecinos para llegar a un consenso. Los residentes y pequeños comerciantes no se verán afectados por las restricciones, y las mismas se escalonarán en siete fases hasta 2030.
En la ZBE se instalarán cámaras y pantallas informativas para gestionar y controlar el acceso. La infraestructura está siendo financiada en gran parte por fondos europeos, con un presupuesto total de aproximadamente 2,3 millones de euros. El concejal de Movilidad ha señalado que el objetivo principal es reducir el tráfico de paso y devolver las calles a la gente.
Los vecinos de Getafe contra la ZBE
Sin embargo, algunos residentes han expresado su desacuerdo, argumentando posibles problemas de tráfico y aparcamiento en zonas colindantes y discriminación hacia personas con movilidad reducida que no pueden acceder con sus vehículos adaptados. Las reacciones al cambio reflejan la complejidad de implementar medidas de sostenibilidad urbana que satisfagan tanto las exigencias ambientales como las necesidades de los ciudadanos.
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